Trabajadores y funcionarios de la Prefectura de Imbabura durante la marcha en la ciudad de Quito.
Como parte de la marcha, una comisión de autoridades de los gobiernos provinciales fueron recibidos por los titulares de los poderes legislativo y ejecutivo para escuchar su preocupación. Allí plantearon el archivo del proyecto, por considerarlo inconstitucional.
QUITO.- Quito fue el centro de la marcha protagonizada por las autoridades, funcionarios y trabajadores de los gobiernos provinciales del Ecuador, en rechazo a la iniciativa de reformar el Código de la Democracia, a fin de que los prefectos y prefectas sean elegidos solamente por la población rural y ya no por la urbana, tal como establece al momento la Constitución de la República.
La presencia de Imbabura fue notoria. El prefecto Pablo Jurado y la viceprefecta María Gabriela Jaramillo encabezaron la marcha en la que estuvieron presentes funcionarios y obreros. Acompañaron a la multitudinaria caravana desde el Parque El Arbolito hasta dirigirse a la Asamblea Nacional, en donde fueron recibidos por el titular de este organismo, José Serrano.
En el palacio legislativo fueron parte de la comitiva que expuso la preocupación frente a este proyecto al que consideran inconstitucional porque, según expresaron, pretende reformar la Constitución en cuanto al ordenamiento político administrativo, desconociendo el derecho de todos los ecuatorianos de elegir a las autoridades provinciales.
Argumentaron que la aprobación de esta reforma traería consigo serias afectaciones al rol que cumplen las prefecturas en cada una de las provincias. Entre ellas, mencionaron la reducción de los presupuestos, con lo cual, múltiples proyectos en beneficio de las comunidades no podrían ser ejecutados y además se generaría el despido de cientos de trabajadores y funcionarios.
La marcha prosiguió hasta el palacio de gobierno, en donde, al igual, una comisión dialogó con el presidente Lenín Moreno. En esta cita, pidieron al primer mandatario su intervención para que este proyecto sea archivado de manera definitiva, argumentando así mismo algunos puntos considerados de carácter inconstitucional.
Al final de la jornada, el presidente Moreno intervino para señalar su apoyo al trabajo que vienen desarrollando los prefectos y prefectas en todo el territorio nacional. Mencionó haber recibido el respaldo para el desarrollo de la Consulta Popular en la que el ejecutivo plantea preguntar al pueblo aspectos puntuales para fortalecer la institucionalidad del Estado.
Con respecto a la inquietud surgida ante el proyecto de reforma, el presidente manifestó que este es un tema que debe ser tratado por la Asamblea Nacional, sin embargo, hizo conocer su postura en la destacó que concuerda con el hecho de que no se puede dividir al país entre lo urbano y rural. Dijo que la lucha debe concentrarse expresamente en el legislativo para hacer entender el sentir de los gobiernos provinciales ante este proyecto de reforma.
