La disposición de la Prefectura de Imbabura se sujeta a lo que señala el COE Nacional y Cantonal. El trámite debe ser dirigido a la autoridad de la institución, adjuntando esta exigencia. Una vez cumplido el requisito, la Dirección General de Fiscalización procederá a emitir la anuencia.

IBARRA.- En el marco de la emergencia sanitaria nacional, una vez que las autoridades de Gobierno y del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, autorizaron la reanudación de las actividades económicas, comerciales de transporte, de servicio público y, entre ellas, las ligadas a la rama de la construcción, el trabajo presencial también se retomó en la Prefectura de Imbabura, desde el pasado 1 de junio.

La reincorporación fue dispuesta mediante el cumplimiento estricto de criterios preventivos en cada área, siendo necesario la elaboración de guías prácticas y concretas para el desarrollo de las actividades, bajo la supervisión de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. Todo esto en procura de salvaguardar la salud, en un tiempo especial en el que la amenaza de la pandemia del coronavirus está presente.

MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Como parte de la estrategia de prevención, la Dirección General de Fiscalización emitió un comunicado dirigido a los contratistas y proveedores de servicios que, para reiniciar los trabajos de obras y de consultoría que se encuentran suspendidas y otras que están por iniciar, deben sujetarse a lo que dispone el COE Nacional y Cantonal, donde se encuentren ubicados los proyectos bajo su responsabilidad.

Esta acción es importante pues, a más de estar sujeta a las directrices de las autoridades de salud y del Gobierno, va dirigida a fortalecer las medidas preventivas frente a un posible contagio que puede derivarse, sino se observan, de manera estricta, las normas de bioseguridad.  

Para tramitar la autorización de la Dirección General de Fiscalización sobre el inicio de trabajos de obras nuevas y reinicio de otras que se encontraban suspendidas, los contratistas y proveedores deben dirigir la solicitud respectiva a la autoridad máxima del organismo provincial, el prefecto Pablo Jurado, adjuntando el Protocolo de Seguridad y Plan de Contingencia, aprobado por el COE Cantonal o la certificación correspondiente.